Moción para replantear toda la normativa referente a extranjeria

El grupo municipal Laguna Sí Se Puede presenta una moción para debatir en el próximo pleno del día 29 de Noviembre, para replantear toda la normativa referente a extranjería.

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El Grupo Municipal Laguna Sí Se Puede del Ayuntamiento de Laguna de Duero, al amparo de lo dispuesto en el Art. 97/3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Art.75 del Reglamento Orgánico Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Laguna de Duero, presenta ante este Pleno Corporativo la siguiente MOCIÓN:

MOCIÓN PARA REPLANTEAR TODA LA NORMATIVA REFERENTE A EXTRANJERIA.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.

Estos centros son competencia de la Dirección general de Policía, dependiente del Ministerio del Interior.

En los CIE españoles permanecen bajo régimen cerrado migrantes en situación irregular que residen en España. El motivo de su privación de libertad es, por lo tanto, haber cometido la falta administrativa que supone no tener los papeles en regla, no un delito.

Algunos de los internos pueden tener antecedentes penales anteriores, pero ese no es el motivo de su ingreso en estos centros, sino su situación irregular. Debido a esto, los CIE encierran a personas que han cometido delitos con otras que no lo han hecho, algo que, según las ONG, criminaliza a la población migrante.

En España hay actualmente siete Centros de Internamiento de Extranjeros: Aluche (Madrid), La Piñera (Algeciras), Zapadores (Valencia), Sangonera La Verde (Murcia), Barranco Seco (Las Palmas), Matorra (Fuerteventura) y Zona Franca (Barcelona).

Un estudio elaborado por cuatro universidades españolas detalla que las condiciones de vida de los internos varían considerablemente dependiendo del CIE en el que se encuentren encerrados, aunque concluye que todos incumplen alguno o varios de los requisitos que establece la normativa vigente. 

A pesar de que la privación de libertad se realiza con el objetivo de formalizar su expulsión del territorio español, más de la mitad de personas encerradas en los CIE finalmente no son expulsadas. Según datos del último informe de la Defensora del Pueblo, el Estado no deportó al 59% de las 6.390 personas encerradas en los CIE españoles el pasado año.

Como consecuencia, miles de personas permanecen privadas de libertad hasta dos meses sin que el Ejecutivo tenga la seguridad de poder deportarles a su país, a pesar de que  una instrucción interna emitida por la Dirección General de la Policía en 2014 recordaba que la solicitud de ingreso solo debía hacerse en aquellos casos en los que sea viable la repatriación final.

El hecho de que sea posible o no la deportación desde España depende de diversos factores, como el arraigo en España de la persona internada, los convenios internacionales firmados por el Ejecutivo con los diferentes países de origen o que el interno haya solicitado asilo y aún esté pendiente de resolución.

Las condiciones de los CIE llevan años siendo denunciadas por numerosas ONG y por la Defensora del Pueblo. En diferentes informes las organizaciones han documentado malos tratos, hacinamiento, incomunicación e indefensión legal de los internos y ausencia de asistencia sanitaria permanente. Estas vulneraciones se producen en mayor o menor medida dependiendo del centro. La privación de libertad por una falta administrativa es una vulneración de derechos humanos en sí misma.

Entre las denuncias de mayor gravedad destaca la muerte de Samba Martine, encerrada en el CIE de Aluche sin el tratamiento médico adecuado, pese a que las autoridades del centro tenían constancia de su enfermedad. Finalmente, la Audiencia Provincial reconoció que la tragedia podía haberse evitado. A este fallecimiento se deben sumar al menos  otras tres muertes producidas en el CIE de la Zona Franca de Barcelona.

Los internos tienen reconocido el derecho a solicitar asilo en las instalaciones del CIE, aunque el procedimiento actual “no cumple todas las garantías”, según han denunciado distintas ONG. En algunos casos, como ocurre en el CIE de Aluche (Madrid), los internos sólo pueden solicitar asilo introduciendo su petición en el buzón del director del Centro, sin recibir una copia sellada de la misma que les permita, llegado el caso, dejar constancia de haber realizado el trámite.  Según las ONG, los migrantes pierden el control sobre la gestión y desconocen si los trabajadores del centro la han tramitado.

El pasado 3 de octubre un juez instaba al CIE de Aluche a establecer “un horario, lugar y personal suficiente para que los internos puedan entregar su solicitud de asilo en mano”, así como a que se les entregue una copia sellada de la misma.

Las distintas organizaciones que trabajan para garantizar los derechos humanos de los migrantes denuncian que existe “opacidad y hermetismo” en la gestión de los CIE españoles.

Pese a que a varias ONG sí se les permite hacer determinadas visitas –mediante las cuales recopilan información para la elaboración de sus respectivos informes y atienden a los internos–, se les ha negado el acceso durante las protestas acontecidas en el CIE de Aluche en la madrugada del martes.

En otras ocasiones, el Ministerio del Interior ha impedido el acceso a CIE de Aluche a los juristas que estaban realizando un estudio financiado por el Ministerio de Ciencia y la universidad pública.  Para los periodistas, las puertas del CIE casi siempre han estado cerradas. 

Cuando un migrante queda en libertad, aunque no haya cumplido el máximo de 60 días establecido por ley, no puede volver a ser encerrado en base a las causas del mismo expediente de expulsión por el que fue enviado al CIE inicialmente,  según concluyó el Tribunal Supremo en 2015.

Desde entonces, un migrante en situación irregular al que el Ministerio del Interior no haya podido expulsar podrá ser trasladado en repetidas ocasiones siempre y cuando la Policía inicie un nuevo procedimiento de expulsión por cada una de ellas.

El Consejo de Ministros aprobó en 2014 el  reglamento que regula los Centros de Internamiento de Extranjeros, con medidas que incumplen buena parte de las resoluciones efectuadas por los Juzgados de control, las instancias encargadas de la inspección de las condiciones de los CIE. El propio Ministerio del Interior reconoció hace un año que esta normativa se incumple.

Tras su aprobación, varios ámbitos quedan aún sin regular y muchas de las denuncias de organizaciones sociales, sin responder: los horarios y duración de las visitas o de las llamadas telefónicas, la separación de los internos con condena penal de los que no han cometido delito alguno o el tiempo mínimo para avisar de una repatriación siguen dependiendo de la dirección de cada centro, que sigue  bajo competencia del Cuerpo Nacional de Policía.

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal Laguna Sí Se Puede solicitamos:

  • Garantizar la eliminación de las identificaciones por perfil étnico y Erradicar las deportaciones colectivas y las deportaciones exprés que se realizan en menos de 72 horas desde las comisarías.
  •  Exigir al Gobierno que adopte todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir el respeto absoluto de los derechos humanos en todos los CIE del territorio español.
  •  Revisar y modificar el Protocolo de Deportación que permite, entre otras medidas que vulneran derechos fundamentales: la sedación forzosa, ligar con correas a las personas que tienen que ser deportadas, así como la inmovilización con una camisa de fuerza.
  •  Exigir transparencia en la gestión cotidiana de estos centros y la facilitación del acceso de entidades ciudadanas dedicadas al apoyo a la población inmigrante.
  •  Exigir una atención social, sanitaria y jurídica realmente efectivas y adecuadas a las personas internas.
  •  Exigir al Congreso de los Diputados la inmediata puesta en marcha de una mesa o comisión parlamentaria que se replantee toda la normativa referente a extranjería, incluyendo el cierre de los CIE.
  •  Trasladar el acuerdo adoptado en pleno al Gobierno de España.

 

En Laguna de Duero, 9 de Noviembre de 2016.

Grupo Municipal Laguna Sí Se Puede.

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